Verifactu para sociedades: programa adaptado obligatorio desde el 1 de enero de 2027

Afecta a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que facturan con un sistema informático, aunque solo lo usen para una parte de su actividad (artículo 3.1.a del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1007/2023): sociedades limitadas y anónimas, cooperativas, sociedades laborales y profesionales, uniones temporales de empresas, fondos y demás entidades que tributan por este impuesto.

Hay dos matices. Las entidades totalmente exentas del artículo 9.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, no están obligadas. Las parcialmente exentas de los apartados 2, 3 y 4 de ese artículo, como las fundaciones, las asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, solo lo están por las operaciones que generan rentas sujetas y no exentas.

Las comunidades de bienes y las demás entidades en régimen de atribución de rentas no tributan por el Impuesto sobre Sociedades: su fecha es la de los autónomos, el 1 de julio de 2027.

Quedan fuera las sociedades que llevan los libros registro del IVA a través del Suministro Inmediato de Información (SII), según el artículo 3.3 del Reglamento, y las que tienen el domicilio fiscal en el País Vasco o en Navarra, que siguen su normativa foral, como TicketBAI: respecto de esos territorios, el artículo 1.3 lo limita a quienes tienen el domicilio fiscal en territorio común. En Canarias, Ceuta y Melilla sí se aplica, con las especialidades del IGIC y del IPSI.

El SII es obligatorio para quienes liquidan el IVA por meses (artículos 62.6 y 71.3 del Reglamento del IVA). Entre otros, liquidan por meses las empresas con un volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros el año anterior, las inscritas en el registro de devolución mensual (REDEME) y las que aplican el régimen especial del grupo de entidades. También se puede llevar el SII de forma voluntaria.

Desde el 1 de enero de 2027, el programa con el que la sociedad emite sus facturas tiene que generar por cada una un registro de facturación con una huella encadenada a la del registro anterior, incluir un código QR en la factura e impedir que los registros se alteren o se borren sin dejar rastro. Lo exige la disposición final cuarta del Real Decreto 1007/2023, en la redacción del Real Decreto-ley 15/2025, que obliga a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a tener sus sistemas adaptados antes de esa fecha.

Lo obligatorio es usar un programa adaptado, no enviar las facturas a Hacienda. La modalidad VERI*FACTU, en la que el programa envía cada registro a la AEAT de forma automática, es voluntaria (artículos 15 y 16.5 del Reglamento). Si no la eliges, el programa trabaja en la modalidad NO VERI*FACTU: firma electrónicamente los registros, lleva un registro de eventos y los conserva por si la AEAT los requiere. Quien opta por VERI*FACTU sigue en ella, al menos, hasta el final del año natural en que hizo el primer envío.

Afecta a todo sistema con el que la sociedad expide facturas: el programa de facturación, el ERP, el TPV que emite tickets o la tienda online. Si facturas con Word o Excel, según las preguntas frecuentes de la AEAT el Reglamento no te afecta mientras solo los uses para introducir los datos, expedir e imprimir las facturas y conservarlas; sí, si además generan directamente los libros registro, la contabilidad u otros resultados con efectos fiscales.

El 5 de octubre de 2026 el Ministerio de Hacienda anunció, en una nota informativa, que prevé aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1007/2023, para que coincidan con la factura electrónica obligatoria de las empresas y los profesionales que facturan hasta 8 millones de euros al año. A 19 de octubre de 2026 ese cambio no se ha publicado en el BOE: siguen vigentes el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto, fijados por el Real Decreto-ley 15/2025.

Hasta que se publique una norma, la fecha que obliga a tu sociedad es el 1 de enero de 2027. Si el aplazamiento se aprueba, lo preparado no se pierde en lo esencial: la nota anuncia una modificación posterior del ámbito y de ciertos aspectos técnicos, pero dice que las exigencias de integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes. Mientras tanto, el Reglamento ya está en vigor, los programas adaptados se pueden usar desde ahora y la AEAT ofrece un entorno de pruebas, sin validez fiscal, para comprobar el envío.

Para enviar los registros a la AEAT en la modalidad VERI*FACTU, el programa se identifica con un certificado electrónico de la sociedad o con el de un tercero que actúe en su nombre, como tu asesoría. En una sociedad lo habitual es el certificado de representante de la FNMT, que identifica a la sociedad y a la persona que la representa, normalmente su administrador.

Para una sociedad, la FNMT emite dos variantes. El de administradores únicos o solidarios de sociedades anónimas y limitadas, con el cargo inscrito en el Registro Mercantil, se solicita solo por internet, con el certificado de persona física de la FNMT o con el DNI electrónico, y se emite con una validez de dos años. En los demás casos, como los administradores mancomunados, los consejeros delegados o las sociedades cuyo administrador es otra sociedad, y en el resto de entidades (cooperativas, asociaciones o fundaciones, entre otras), se pide el certificado de representante de persona jurídica, que exige acreditar la identidad del solicitante. Las uniones temporales de empresas y los fondos, que tributan por el Impuesto sobre Sociedades sin tener personalidad jurídica, piden el de representante de entidad sin personalidad jurídica.

La guía del certificado digital explica cómo exportarlo a .pfx o .p12. ElFactu lo guarda cifrado con AES-256-GCM y muestra un aviso en el resumen de tu cuenta cuando le quedan 45 días o menos para caducar.

Si la sociedad factura con un programa que no está certificado, debiendo estarlo, o que se ha alterado, la multa es de 50.000 euros por cada ejercicio: el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria lo considera infracción grave. Las otras dos multas del artículo recaen sobre quien fabrica o comercializa el programa. La certificación que exige la ley se acredita con la declaración responsable del fabricante, no con una aprobación de la AEAT. Si la sociedad ha desarrollado su propio programa, es ella la productora y le corresponde la declaración responsable.

Las multas son de cuantía fija, así que no dependen de cuánto factures: conviene tener el programa adaptado antes del 1 de enero de 2027 y guardar la declaración responsable de tu proveedor.

Las semanas que quedan hasta el 1 de enero de 2027 dan para adaptarse con orden si empiezas ya: primero, saber si te afecta; después, elegir o actualizar el programa y conseguir el certificado; y por último, probar antes de facturar en producción.